Cuando han transcurrido casi diecisiete años completos desde que se iniciara, puede ya decirse que el siglo xxi es un período desafiante que cuestiona la nitidez y la vigencia de la percepción humana de las cosas y de las instituciones esenciales que gobiernan sus sociedades. Parece que durante el siglo xx --cambalache, problemático y febril-- se fue urdiendo un nuevo modelo de relaciones sociales basado en un estadio científico y tecnológico inimaginable al comienzo de la centuria, y que ha eclosionado en estas primeras décadas del siglo XXI: internet y comunicaciones; el desarrollo de la bio y tecno-medicina, el control de la enfermedad y el alargamiento de la vida; la armonización de los perfiles de las sociedades humanas expresada con la idea de «aldea global»; el movimiento incesante hacia una mayor equidad en beneficio de colectivos sociales específicos; las formas de gobierno supranacional y al tiempo el reconocimiento de lo local como nivel óptimo de gestión pública; la certeza de la finitud de los recursos naturales y los riesgos para nuestra especie --no tanto para el planeta-- del modelo exponencial de producción y consumo. Y mientras tales acontecimientos trepidantes suceden se mantiene, en lo esencial, un modelo institucional y jurídico que se remonta al menos al siglo XVIII: división de poderes con preeminencia parlamentaria; un sistema jurídico basado en la primacía incondicional de las Constituciones nacionales; una actividad internacional reservada a los Estados con exclusión de otros poderes públicos... entre otros contenidos que seguimos enseñando en las Facultades de Derecho y que, sin intensas matizaciones, resultan anacrónicos e ineficaces en su desempeño. La arquitectura jurídica e institucional del Estado-nación reclama una urgente renovación que asegure su eficacia en una sociedad intensamente condicionada por el factor tecnológico y por escenarios supraestatales de actuación política. Y es que tal arquitectura no es sino un instrumento al servicio de fines y objetivos que, éstos sí, permanecen inalterables: una convivencia pacífica; el respeto de los derechos individuales y colectivos y el control del ejercicio del poder público dirigido siempre a la satisfacción del interés general.